Autor: Maikol Sánchez
Fecha:13 mar 2026
San Juan de la Maguana, R.D. — Una denuncia pública realizada por la señora Isabel Payano ha comenzado a generar conmoción en distintos sectores de la provincia, tras asegurar que fue desalojada de su vivienda junto a sus hijos menores en un proceso que, según afirma, estuvo vinculado a la empresa Rosagal, cuyo presidente es el actual alcalde del municipio, Lenin de la Rosa Galván.
En un video que circula en redes sociales y grupos de WhatsApp —incluido el grupo “Tripartido Democrático”, donde participan figuras políticas locales— la madre relata entre lágrimas que el desalojo ocurrió hace aproximadamente dos semanas.
Según su versión, la propiedad estaba vinculada a un préstamo realizado hace más de diez años por un monto de seis millones de pesos. No obstante, sostiene que nunca firmó dicho compromiso porque se encontraba fuera del país cuando se realizó la negociación.
“Mi casa estaba cerrada y rompieron el candado. Yo tengo el 50 % de esa propiedad. Yo quise pagar. Yo no me negué”, expresó visiblemente afectada.
La escena que ha tocado a la comunidad
Uno de los momentos que más ha conmovido a quienes han visto y escuchado el material es la descripción de lo ocurrido durante el desalojo:
“Una niña como de trece años le sacaron su camita, sus muñequitas y todo y se la tiraron en la calle… había que verla recogiendo sus cositas…”
La madre afirma que su hija menor ha quedado emocionalmente afectada y que incluso teme regresar a la escuela por posibles burlas.
“Mis hijos están destrozados. Esa es la casa donde nacieron, donde tienen su niñez”, manifestó.
Intento de negociación
La denunciante asegura que, tras el fallecimiento de su esposo, intentó llegar a un acuerdo para saldar la deuda. Afirma que ofreció una suma mayor al monto original para ajustar la situación, pero que no se logró un entendimiento.
Hasta el momento de esta publicación, no se ha difundido una versión oficial del alcalde ni de la empresa Rosagal sobre esta denuncia.
Más allá de la deuda: el debate humano
El caso ha abierto una discusión en la opinión pública local que va más allá de lo estrictamente legal.
Si existía una deuda, ¿se agotaron todos los mecanismos de conciliación?
¿Se tomaron en cuenta los derechos de los menores?
¿Debe un funcionario público actuar con un estándar más alto de sensibilidad social?
Estas son algunas de las preguntas que hoy circulan entre ciudadanos.
Mientras tanto, una familia enfrenta las consecuencias emocionales de un proceso que, según denuncia la afectada, pudo manejarse de otra manera.
La comunidad sanjuanera espera claridad, transparencia y una explicación formal que permita entender lo ocurrido y determinar si el procedimiento se realizó respetando plenamente la ley y la dignidad humana.
En un video que circula en redes sociales y grupos de WhatsApp —incluido el grupo “Tripartido Democrático”, donde participan figuras políticas locales— la madre relata entre lágrimas que el desalojo ocurrió hace aproximadamente dos semanas.
Según su versión, la propiedad estaba vinculada a un préstamo realizado hace más de diez años por un monto de seis millones de pesos. No obstante, sostiene que nunca firmó dicho compromiso porque se encontraba fuera del país cuando se realizó la negociación.
“Mi casa estaba cerrada y rompieron el candado. Yo tengo el 50 % de esa propiedad. Yo quise pagar. Yo no me negué”, expresó visiblemente afectada.
La escena que ha tocado a la comunidad
Uno de los momentos que más ha conmovido a quienes han visto y escuchado el material es la descripción de lo ocurrido durante el desalojo:
“Una niña como de trece años le sacaron su camita, sus muñequitas y todo y se la tiraron en la calle… había que verla recogiendo sus cositas…”
La madre afirma que su hija menor ha quedado emocionalmente afectada y que incluso teme regresar a la escuela por posibles burlas.
“Mis hijos están destrozados. Esa es la casa donde nacieron, donde tienen su niñez”, manifestó.
Intento de negociación
La denunciante asegura que, tras el fallecimiento de su esposo, intentó llegar a un acuerdo para saldar la deuda. Afirma que ofreció una suma mayor al monto original para ajustar la situación, pero que no se logró un entendimiento.
Hasta el momento de esta publicación, no se ha difundido una versión oficial del alcalde ni de la empresa Rosagal sobre esta denuncia.
Más allá de la deuda: el debate humano
El caso ha abierto una discusión en la opinión pública local que va más allá de lo estrictamente legal.
Si existía una deuda, ¿se agotaron todos los mecanismos de conciliación?
¿Se tomaron en cuenta los derechos de los menores?
¿Debe un funcionario público actuar con un estándar más alto de sensibilidad social?
Estas son algunas de las preguntas que hoy circulan entre ciudadanos.
Mientras tanto, una familia enfrenta las consecuencias emocionales de un proceso que, según denuncia la afectada, pudo manejarse de otra manera.
La comunidad sanjuanera espera claridad, transparencia y una explicación formal que permita entender lo ocurrido y determinar si el procedimiento se realizó respetando plenamente la ley y la dignidad humana.
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| momento del desalojo |